Es la hora de la Patria

 ¿Conspiración dentro del Estado contra el Estado para perjudicar al gobierno?

¿Cuál es el rol de los consultorios jurídicos de UDELAR? En los últimos meses, comenzaron a “despertar” expedientes que dormían el sueño de los justos en algunos juzgados de Familia de Montevideo.

Defensores de Oficio del Poder Judicial y encargados de consultorios jurídicos de UDELAR “descubrieron” que la herramienta legal del “amparo” podía ser efectiva para los casos vinculados a reclamos de vivienda. Algunos jueces también lo “descubrieron” y contra todos los antecedentes, comenzaron a fallar en contra del Estado en una aplicación “stricto sensu” de la Constitución Nacional.

En algún caso los expedientes tenían seis o siete años de trámites infructuosos. ¿Es una casualidad su repentina “salida de los cajones” y veloz dilucidación?

¿Algo que ver con el cambio de gobierno y su orientación política? Sería gravísimo que así lo fuera. Significaría una intención de desestabilizar al gobierno legítimo y al propio sistema democrático. A juicio de los Blancos Coronilla esta situación es absolutamente inaceptable.

Parece necesaria una Comisión Investigadora Parlamentaria que investigue el origen de estos hechos que se iniciaron a mediados de 2020 en algunos juzgados de Familia.

Hay elementos suficientes para avanzar en una investigación que convoque a los participantes a aclararle a la sociedad, que es la que soporta económicamente estos reclamos, el origen de su repentina decisión que desequilibra una ecuación económica y social, que ya está bastante complicada, producto de la herencia “maldita” del Frente Amplio y una pandemia que ha significado un enorme esfuerzo adicional y no previsto para todos los uruguayos. Para los Blancos Coronilla no es posible reaccionar con tibiezas, es hora de poner a cada uno en su lugar y desenmascarar lo que huele mal en el sector público, para avanzar en los caminos que la Patria necesita.

Hay que ir hasta el hueso cuando se trata de defender nuestro sistema de convivencia. ¿Es, quizás, un ataque planificado inescrupulosamente por algunos operadores que, disfrazados e infiltrados en el sector público, operan y conspiran con aviesas intenciones político partidarias?

Es posible que esta pregunta pueda tener una respuesta negativa, pero dado la gravedad del tema y a lo considerado anteriormente, existen elementos y razones suficientes para que los representantes del Pueblo, investiguen los hechos, mediante la instalación de una Comisión Investigadora Parlamentaria.