El PIT-CNT incumple lo que marcan sus propios estatutos

Hay gente que trabaja para hacer que la cúpula del PIT-CNT sea una isla de privilegiados, flotando en el corazón de una República de iguales ante la ley.

La pauta fue dada por una reciente nota del matutino frenteamplista “la diaria”, donde se informó que el “PIT-CNT dijo en el Parlamento que ve “dificultades” para implementar proyecto sobre personería jurídica”.

En la actualidad está a estudio del Poder Legislativo un proyecto de ley que le reconozca la personería jurídica al PIT-CNT, como mandata la Constitución, al igual que las demás organizaciones que operan en la vida política, económica, cultural y deportiva del país.

La información fue publicada a propósito del texto a estudio enviado por el Ministerio de Trabajo al Parlamento, que para recibir el respaldo de la Coalición Republicana además de la personería jurídica, deberá establecer la obligatoriedad del voto secreto en la elección de autoridades del PIT-CNT.

Pero las “dificultades” que arguye tener la organización sindical como pretexto, carecen de total seriedad.

El país que desde 1934 exigen personería jurídica nada menos que a los partidos políticos, que son los que gobiernan el país, el PIT-CNT utiliza argumentos falaces para intentar conseguir más derechos que, por ejemplo, el Frente Amplio, algo bien a cuento ahora que el ex dirigente sindical Fernando Pereira salta a la conducción del FA. 

La misma información añadió que la delegación del PIT-CNT “hizo advertencias” y se puso como obstáculo la insistencia de CA “para incorporar el voto secreto obligatorio en las elecciones sindicales”.

¿El problema será el voto secreto obligatorio, o serán chicanas y argucias para conseguir los privilegios que nadie tiene?

¿No era que luchaban contra los “privilegios de clase”?

¿Y los privilegios de la clase sindical, no son privilegios o son privilegios que no cuentan?

El tema es serio y preocupante.

En Uruguay el voto secreto tiene más de un siglo de vigencia y el hecho de que el sufragio sea obligatorio cuenta también con medio siglo de existencia.

A pesar de ello, en muchos ámbitos del PIT-CNT aún hoy hay lugares en los que rige el voto a mano alzada o voto cantado -como también se le llama- para elegir a los delegados de los trabajadores, muchas veces con un estilo peor al que se usaban para elegir a los gobernantes del país durante los primeros años del siglo XIX.

Pero en Uruguay esos métodos de democracia extorsiva dejaron de ocurrir hace muchos años, y parece increíble que una organización de trabajadores creada muchas décadas después, y con pretensiones democráticas, no tome la más mínima nota de esos detalles.

Todos los ciudadanos del país saben los tristes lodos que provocaron elecciones realizadas con el barro del voto cantado.

Por alcanzar elecciones nacionales con voto secreto en Uruguay se pelearon cruentas revoluciones hasta entrado el siglo XX, y de la convicción de que ese estado de cosas debía modificarse, en la Constitución de 1918 nació esa condición necesaria para que los ciudadanos pudiesen votar, elegir y ser elegidos.

Otra característica de la modalidad electoral uruguaya es la obligatoriedad del voto, una condición que en 2021 cumplió 50 años de vida -fue legalizada en las elecciones presidenciales de 1971- y desde entonces esa misma condición comenzó también a regir con otras organizaciones de menor rango.

Para no ir muy lejos en el tiempo, vayan a modo de ejemplo dos casos: las recientes elecciones celebradas por la Universidad de la República (UDELAR) en cada de sus ramas, y las próximas elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS) para elegir representantes sociales en los tres órdenes.

En ambos casos, el voto es secreto y obligatorio.

¿Acaso organizar el padrón en la UDELAR o del BPS tendría mayores dificultades que una elección de autoridades entre afiliados del PIT-CNT?

Si el PIT-CNT maneja los millones de pesos que recientemente informó que gastará en el referéndum contra la LUC, ¿qué problema tendría en financiar unas elecciones secretas y obligatorias, cada algunos años?

¿O será que muchos de los que figuran como “afiliados”, no lo son?

La Constitución de la República establece que el Estado deberá conceder franquicias y fijar normas para que los sindicatos y las organizaciones gremiales como el PIT-CNT obtengan su personería jurídica, lo que significa su reconocimiento como sujeto jurídico ante la ley.

Esa condición de “persona jurídica” es lo que le permitiría a la organización sindical cualquier relacionamiento legal con el Estado.

Por ejemplo, en caso de recibir en comodato un bien del Estado para uso de la organización, como por ejemplo un edificio que le pertenece a un organismo público, es imprescindible tener esa condición de “persona jurídica” para que se le otorgue ese beneficio.

¿Suena conocido?

Y nada de esto podría ni siquiera molestar a la organización o justificar las pretendidas “dificultades”, cuando ella misma se ha encargado de reclamarlo desde el principio.

Esa condición figura en los estatutos del PIT-CNT.

El artículo 66 de sus estatutos indica que tras la aprobación de los mismos, “se efectuarán las gestiones necesarias para la obtención, en el menor plazo posible, de la Personería Jurídica, facultando a ese fin a la Mesa Representativa”.

Considerando que los estatutos que el PIT-CNT admite como carta rectora daten de 1964, fecha de creación de la CNT, o en su defecto de 1983, fecha de creación del PIT, el compromiso incumplido tiene varias décadas de atraso.

Esto es doblemente importante, porque aún antes de asumir el régimen frenteamplista (2005-2020) la organización sindical adoptaba la representación de los trabajadores, sin legitimidad ni contar con responsabilidad legal alguna.

Un ejemplo notorio era cuando se nombraban como delegados sociales ante el BPS, a las personas que designaba el PIT-CNT y no el cuerpo electoral de trabajadores activos, como indica la ley.

Cuando comenzó el régimen frenteamplista, del PIT-CNT no solo surgieron funcionarios de gobierno y ministros, que llegaron a controlar políticamente al FA con sus tentáculos, como si de un pulpo se tratase, sino que también negociaron salarios, conflictos, ocupaciones y cuanta cosa quisieron en nombre de los trabajadores.

No peguntaban, sino que “bajaban” línea, convirtiendo a los sindicatos por rama en organizaciones sindicales verticales de un aceitado sistema de disciplinamiento social y político.

Por si fuera poco, contaban con la tranquilidad de que si en una rama laboral laboral existían dos sindicatos de trabajadores de diferente orientación política, el gobierno frenteamplista siempre terminaba designando al delegado surgido del sindicato que estaba disciplinado por el PIT-CNT.

Durante el régimen frenteamplista no solo el Ministerio de Trabajo y sus negociadores provenían de esa organización, sino que ésta operaba como sello de goma que validaba las resoluciones de cualquier otra organización sindical que dependiera de ella, y presionaba para que se desconociera a cualquier otra organización que estuviera fuera del verticalismo del PIT-CNT.

Los Consejos de Salarios y los condicionamientos impuestos a los sindicatos por rama que funcionaron durante el régimen frenteamplista, explican el exponencial crecimiento de afiliaciones al PIT-CNT.

Luego ocurrieron muchas cosas que rozan la ética y la ley.

Si lo del PIT-CNT fuera un asunto de justicia social, muchos de estos privilegios podrían gozar de la empatía de los gobernantes y los Blancos Coronilla no necesitarían escribir este editorial.

Pero no.

El PIT-CNT es política partidaria pura.

Dirigentes que hacen carrera política financiados por los dineros de los trabajadores legítimos del país, son una casta destructora de la República.

No defienden a los trabajadores; defienden al poder; defienden su poder.

¿Qué duda cabe cuando salta lo de Fernando Pereira?

Buscan privilegios, y los republicanos de a pie estamos obligados a exigir que se les trate como iguales entre iguales.

Hay cansancio y fatiga con estos acomodados.