Si no se puede condenar penalmente a los corruptos que se condene moralmente

“el Gobierno deberá redoblar esfuerzos para darle satisfacción a cientos de miles de uruguayos que piensan que, como dijo Herrera: “las nubes pasan y el azul queda” y que siempre se puede hacer algo más en aras del esclarecimiento de hechos de corrupción y de la Justicia tan esperada” 

“¿la conducta de Jorge Vázquez , siendo el primero en hacer uso de un préstamo del BHU al amparo de un Convenio hecho a la medida, es ética?" 

“Si la Justicia, por la razón que sea, no da satisfacción a la necesidad que tiene el pueblo de que se condene a los corruptos, será aquél el que los juzgue y los condene ética y moralmente por el bien de la República”.

En los últimos días hemos asistido al señalamiento realizado por el Frente Amplio respecto de hechos o actitudes del gobierno, las que, según aquéllos, estarían reñidas con la ética y la moral en el ejercicio del poder. 

Todas las situaciones en cuestión fueron corregidas en forma inmediata por el Presidente de la República o iniciadas las investigaciones correspondientes. Llegándose al extremo por parte del gobierno en las medidas tomadas, a no tomar en cuenta argumentos de corte legal o ético, sino que hasta se tuvo en cuenta el “qué dirán”. 

Quienes padecimos estoicamente los 15 años del gobierno frentemplista, no salimos de nuestro asombro. Que una fuerza política como el Frente Amplio, en el ejercicio del poder, ha cometido los actos de corrupción y falta de ética y moral más grande de la historia del país, se presenten como los Tribunos de la anticorrupción, además de hilaridad, causa indignación. 

Los que asistieron a la salida por la puerta de atrás, nada menos que un Vicepresidente de la República. Esos son los que se alarman por el otorgamiento de una exoneración fiscal bien concedida, solicitada por Alfie, antes de ser director de la OPP y bien otorgada por la Ministro Arbeleche, al amparo de una ley sancionada durante gobiernos frentistas. 

Los que vieron cómo su ministro de Economía Lorenzo y al Presidente del Banco República Caloia, desfilaban por los Juzgados Penales, se horrorizan del costo de unas grapadoras, pero les pareció sensacional que se gastaran 170.000 dólares en el alquiler de una carpa para la fiesta del inicio del proyecto de la Regasificadora. Proyecto por el que todos los uruguayos perdimos decenas de millones de dólares.

Los que tuvieron que pedirle la renuncia al senador comunista Michelle Suárez, el que fuera condenado por los delitos de estafa, falsificación de documento y falso testimonio en los que había incurrido, se rasgan las vestidura por el costo de unas milanesas, pero aplaudían hasta con las orejas cuando Toma hacía informes a medida, para que Tabaré Vázquez comprara el famoso “avión presidencial”, en el que los uruguayos tuvimos que poner un millón de dólares para comprarlo y otros 1.600.000 de gastos de mantenimiento. Un aparato ya obsoleto en la fecha de su adquisición, del que sólo se pudo rescatar U$S 180.000 mediante subasta pública. 

El partido político que hoy es oposición, en épocas que gobernaba, le parecía muy bien que al amparo de un decreto firmado por el Presidente Vázquez, su hermano Jorge, como Presidente de la Junta Nacional de Drogas otorgara un convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay, con el objeto de quienes se encontraban en la lucha contra la droga y corrían riesgos de vida en las viviendas que ocupaban, pudieran obtener créditos para adquirir una vivienda distinta donde mudarse. 

Pero lo que en su momento a los dirigentes frenteamplistas no les preocupó, fue que a los pocos días del otorgamiento de dicho convenio, la primera persona que hiciera uso del mismo y obtuviera un préstamo de decenas de miles de dólares, fuera justamente el Sr. Jorge Vázquez. Tampoco se horrorizaron de que el préstamo se lo hubieran otorgado a un plazo totalmente inusual y excepcional, por ir en contra de la reglamentación del BHU. Un préstamo que el hermano de Tabaré Vázquez terminará de amortizar después de cumplir 95 años. 

Quizás lo que más haya tranquilizado a los dirigentes del Frente Amplio, fue el hecho de que Jorge Vázquez haya podido mudarse a un lugar seguro en la calle 6 de abril a escasos metros de la Rambla República de México en pleno barrio Carrasco. 

Estos casos que hemos mencionado, lo han sido solamente a vía de ejemplo, puesto que como bien dijo Lacalle Pou, faltan dedos de la mano para contar los casos de conductas delictivas o de falta de ética durante los gobiernos del Frente Amplio. 

Ante estas situaciones, la indignación nos lleva a pensar en las famosas Auditorías prometidas en campaña electoral. A un año de gestión del nuevo gobierno, verdaderamente son muy pocas las auditorías específicas efectuadas por las nuevas autoridades. Aquellas que no sean consecuencia de las tareas habituales de la Auditoría General de la Nación. 

Seguramente cuando, en campaña electoral, se prometió “urbi et orbi” la realización de auditorías ni bien se llegara al gobierno, no se tuvo en cuenta que para la realización de auditorías en la administración pública, no solo hay que tener voluntad de hacerlas, sino que hay que obtener las pruebas materiales que la justifiquen. Cosa que no es nada fácil en una administración tomada por asalto en los 15 años de gobierno frenteamplista, con un sinnúmero de mandos y jerarcas medios, dispuestos a entorpecer todo lo posible las investigaciones. Baste recordar el episodio de la compra de la trituradora de papel industrial realizada por el Mides unos meses antes de cambiar el gobierno. O el caso Cendoya en la URSEC donde un asesor de este antiguo jerarca, ingresó a las oficinas a destruir documentación. 

Tampoco a la hora de las promesas electorales, se debió sopesar la importancia e incidencia de la Fiscalía en su rol acusador, a la hora de pasar a la justicia penal las resultancias de las auditorías. 

Los Blancos Coronilla nos preguntamos, ¿las actuaciones que lleguen a la justicia penal como resultado de algunas auditorías realizadas, serán tratadas con la objetividad que corresponde? Las actuaciones fiscales, ¿no condicionarán la acción de la Justicia frustrando la posibilidad justamente de que se HAGA JUSTICIA? 

Interrogantes que no tienen una respuesta sencilla y tampoco es el objeto de esta editorial. 

Teniendo en cuenta todas estas cosas, el Gobierno deberá redoblar esfuerzos para darle satisfacción a cientos de miles de uruguayos que piensan que, como dijo Herrera: “las nubes pasan y el azul queda” y que siempre se puede hacer algo más en aras del esclarecimiento de hechos de corrupción y de la Justicia tan esperada. 

Pero hay muchas interrogantes que se responde sencillamente y un ejemplo de éstas es la siguiente: ¿la conducta de Jorge Vázquez en el caso reseñado “ut supra”, siendo el primero en hacer uso de un préstamo del BHU al amparo de un Convenio hecho a la medida, es ética? Creemos que hasta los propios votantes del Frente Amplio afirmarían que no lo es. 

En consecuencia, si el pueblo uruguayo por falta de pruebas, palos en la rueda puestos por mandos medios, incidencia negativa de algún funcionario de la Fiscalía en la tramitación de los asuntos, no puede obtener satisfacción a través de la Justicia Ordinaria, en cuanto a que se condene a los gobernantes políticos frentistas que cometieron actos de corrupción, se tendrán que extremar las medidas para que por lo menos, sea declarada la falta de ética de dichos gobernantes. Que el pueblo sepa y tenga claro, quienes ocuparon cargos dirigiendo su destino durante los gobiernos anteriores y lo hicieron faltando a los principios de la ética y la moral. 

Los Blancos Coronillas exhortamos a los uruguayos a recordar y difundir para que no sean olvidados, todos los actos y hechos de corrupción cometidos en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Si la Justicia, por la razón que sea, no da satisfacción a la necesidad que tiene el pueblo de que se condene a los corruptos, será aquél el que los juzgue y los condene ética y moralmente por el bien de la República.