El Acoso Laboral de Estado

 Los 15 años de gobiernos del Frente Amplio en el país determinaron, además de otras calamidades importantes, una invasión planificada de militantes en los organismos del Estado, que ha tenido consecuencias aún no estudiadas sobre su diseño organizacional y funcionamiento.

Empresas como Antel, Ancap, Ute, Ose, fueron el coto de caza predilecto de quienes aspiraban a ingresar al presupuesto nacional, primero en calidad de contratados y luego de algún tiempo ya presupuestados, con todos los derechos y privilegios que la izquierda tanto criticó desde la oposición.

La creación de otros organismos como el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) con criterios eminentemente político-partidarios también significó un mojón en la actitud de la izquierda de “venir por todo”.

Algunos sectores del FA tenían muy claro cuales eran los lugares claves en el manejo del Estado que debían ser “infiltrados” para establecer su estructura de poder y afirmarla con el paso del tiempo.

La tarea se cumplió también con persecuciones diversas a viejos funcionarios de los partidos tradicionales o funcionarios indefinidos políticamente que ocupaban mandos medios y participaban de información y decisiones. 

Los hicieron a un lado con jubilación, o con un escritorio en algún rincón mientras encargaban su trabajo a un “compañero” de confianza, designado sin concurso ni especial cualidad.

El acoso laboral que sufrieron cientos o miles de funcionarios públicos por el solo hecho de no ser del FA se convirtió en un rumor que circulaba por los pasillos de los organismos, generando miedo y angustia en muchos.

La amenaza, la intimidación, el acoso sicológico, el traslado sin explicaciones, la humillación a aquellos que cumplían a cabalidad su trabajo pero no eran de izquierda, se convirtió en un lugar común.

La situación aún no ha cambiado. Permanecen hoy en mandos medios de organismos del Estado los mismos frenteamplistas, algunos que entraron por la ventana y otros que ascendieron en “concursos” polémicos.

Aún existen casos de acoso a funcionarios blancos, colorados cabildantes, o sin definición política, por los FA que se aprovechan de su jerarquía para cobrar cuentas por la derrota sufrida en las urnas.

Sucede en ministerios, en las empresas públicas y en otros importantes organismos, algunos de ellos tradicionalmente oscuros e impenetrables.

No existen garantías para que el acosado pueda denunciar lo que le sucede desde hace años, aún contando con pruebas fundadas, porque en general quien denuncia termina siendo perjudicado una vez más.

La angustia, el deterioro sicológico, la presión del abuso de poder que se ejerce sobre muchos funcionarios provoca enfermedades y jubilaciones anticipadas.

Lamentablemente los acosadores suelen salir impunes, protegidos por otros jerarcas o “compañeros”, o por el corporativismo interno y los miedos de otros funcionarios que prefieren no decir nada para no meterse en problemas.

Esto debe cambiar.

El gobierno debería instrumentar una oficina neutral en la que se tramiten las denuncias con las mayores garantías para los funcionarios maltratados y acosados que buscan justicia.

Se trata del peor de los acosos, es el “acoso laboral de Estado”, el mismo Estado que debería hacer respetar y proteger los derechos de los ciudadanos en general y de sus propios funcionarios.